La nueva ley considera que la Madre Tierra es “sagrada”
y un “sistema viviente dinámico”.
La Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral crea la Defensoría de la Madre Tierra, la cual tiene la obligación de proteger los derechos de la Tierra, aunque todas las autoridades del Estado deben hacerlo. La ley no aclara cuándo entrará en funciones la Defensoría.
La norma también incluye el concepto de “justicia climática” para reconocer el derecho a reclamar un desarrollo integral del pueblo boliviano y de las personas afectadas por el cambio climático.
Además crea un Fondo Plurinacional de la Madre Tierra y otro de Justicia Climática para conseguir y administrar recursos económicos estatales y extranjeros para impulsar acciones de mitigación del cambio climático.
Se propone la “eliminación de la concentración de la propiedad de la tierra o latifundio y otros componentes de la Madre Tierra en manos de propietarios agrarios.
También establece la regulación y el control de “extranjerización en la propiedad”, así como el acceso y aprovechamiento de los componentes de la Madre Tierra, y Considera que las actividades económicas como la minera y la petrolera se deben encargar en esta ley.
Quienes causen daños de forma accidental o premeditada a la Madre Tierra o sus “sistemas de vida” deben garantizar la rehabilitación de las áreas, al margen de someterse a otras responsabilidades legales.
La nueva ley declara que los delitos relacionados con la Madre Tierra son “imprescriptibles”, que no se aplicará en ellos el beneficio de la suspensión condicional de la pena y los reincidentes tendrán sanciones más graves.
Hace dos años, Morales ya promulgó una ley que concede “derechos” a la Madre Tierra o Pachamama como si fuera una persona, entre ellos, el derecho a la vida, a la diversidad, al agua, al aire limpio, al equilibrio, a la restauración y a vivir libre de contaminación.
Bolivia se opuso abiertamente a los acuerdos que se tomaron durante la cumbre climática de las Naciones Unidas celebrada en Cancún, México, en diciembre del 2010, ya que consideró que no eran contundentes para frenar los daños del cambio climático. Pedía que los países desarrollados se comprometieran a reducir la emisión de gases de efecto invernadero en los países desarrollados en un 50 % antes del 2020.
